Alan García Del pecado al autosacrificio / En opinión de Rafael Croda

Redacción MX Político.- Cuando un grupo de fiscales y policías se presentó el miércoles 17 en la casa de Alan García para detenerlo por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el dos veces expresidente de Perú enfrentaba, más que un procedimiento judicial ignominioso, la posibilidad de un fin indigno para su azarosa carrera política.

Su suicidio fue asumido por sus seguidores y el Partido Aprista Peruano (PAP), que él dirigía, como un acto “de dignidad” que preserva “su lugar en la historia”.

La dirigente del Partido Aprista, Mercedes Cabanillas, dice a Proceso que la muerte de García se produjo en medio de la “persecución” de la que fue objeto por parte de la fiscalía para implicarlo en el caso Odebrecht “sin pruebas contundentes”.

La fiscalía peruana es una de las que gozan de más autonomía en América Latina y es la que mayores resultados ha obtenido en las indagaciones sobre la red de corrupción de la constructora brasileña, cuyos directivos han delatado a varios políticos de la región por recibir sobornos a cambio de contratos de obra pública.

Alan García era uno más de los expresidentes peruanos investigados por el caso Odebrecht. Los exgobernantes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala están procesados o bajo indagatoria por cargos de recibir pagos ilegales de esa constructora.

Toledo es prófugo de la justicia peruana y se encuentra refugiado en Estados Unidos; Kuczynski está bajo investigación preliminar, y Humala enfrenta en libertad restringida un proceso penal por lavados de activos. Su esposa, Nadine Heredia, está acusada de colusión.

Exdirectivos de Odebrecht han denunciado que Toledo, Humala y Alan García recibieron dinero de esa constructora para sus campañas políticas. También han implicado a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva, y a los exalcaldes de Lima Susana Villarán y Luis Castañeda, que están bajo investigación.

En ningún otro país de América Latina hay expresidentes y tantos políticos de alto nivel en la mira de la justicia por el caso Odebrecht, debido a la autonomía que tiene la fiscalía peruana para desarrollar sus investigaciones.

Con el suicidio de Alan García el país comienza a debatir si los fiscales están actuando en el cumplimiento de su deber o atraídos por la exposición pública que les ha dado el caso de corrupción más importante en la historia moderna de América Latina.

La dirigente aprista Mercedes Cabanillas sostiene que el fallecido exmandatario fue víctima “de una cacería sin tregua” por parte de la fiscalía y que esa institución nunca tuvo pruebas sólidas contra él. “Fue acosado y acusado sin elementos, sólo con suposiciones. Estamos de acuerdo con que se investigue a todos los corruptos, pero con imparcialidad y con seriedad”, asegura.

El abogado de García, Erasmo Reyna, dijo que la fiscalía cometió un cúmulo de “irregularidades” en el procedimiento de detención del exgobernante en su propio domicilio, como permitirle subir solo a su habitación tras notificarle de la orden de aprehensión preliminar, la cual implicaba que podría estar bajo arresto un máximo de 10 días.

Para algunos comentaristas de la radio y la televisión peruanas la reacción de Reyna y de los dirigentes apristas ha sido “desmesurada” pero comprensible debido a la pérdida de su figura principal, quien fue dos veces presidentes de Perú, en los periodos 1985-1990 y 2006-2011.

Por otro lado, la abogada penalista peruana Romi Chang señala que la muerte del expresidente no debe usarse para calificar en forma maniquea la labor de la fiscalía en la lucha contra la corrupción.

“La fiscalía está haciendo un uso desmedido de la detención preliminar, que es un recurso para casos extremos en los que se requiere agotar una indagatoria que puede prescribir. Y esto ha hecho que se genere una sensación de desproporcionalidad, de arbitrariedad, y ha llevado a personas a decir que hasta muertes se generan por esto”, señala Chang.

El mismo día que Alan García se suicidó, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo el año pasado y cumple detención preliminar por el caso Odebrecht, fue hospitalizado de emergencia para ser tratado de una obstrucción arterial en el corazón.

Para Chang, la fiscalía debe actuar “conforme a la ley” y utilizar la detención preliminar sólo en los casos en que haya un peligro de fuga y un riesgo procesal. La abogada considera evidente que la fiscalía pidió y obtuvo en un juzgado la orden de prisión preliminar para García con el propósito de solicitar detención preventiva al vencerse el término de los 10 días.

A decir del litigante Erasmo Reyna, eso deja en claro que los fiscales encargados del caso contra García no tenían elementos para procesarlo penalmente.

Chang dice que el abuso de la detención preliminar –motivo de debates en Perú desde hace años– acaba “tergiversando la razón de ser de las investigaciones por corrupción, termina poniéndolas en duda y les quita fuerza”.

La abogada penalista indica que la falta de rigor con los ordenamientos procesales en la lucha contra la corrupción es lo que sustentó las críticas de algunos sectores hacia la fiscalía después del suicidio de García.

A su vez, la institución justificó la solicitud de detención preventiva del expresidente con el argumento de que el año pasado se refugió 10 días en la embajada de Uruguay en Lima para solicitar asilo político y que esa acción revelaría su intención de huir de Perú.

En diciembre pasado el gobierno uruguayo negó el asilo a García al considerar que no era víctima de persecución política y que en Perú “funcionan autónoma y libremente los tres poderes del Estado”.

Rafael Croda
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