Estrenará CDMX Ley de Protección Civil

Enrique Serna


Este jueves el Congreso capitalino aprobó el dictamen con el que se expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, con la que se pretende establecer mecanismos de atención más rápida y prevención de riesgos.


El presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Héctor Barrera Marmolejo, destacó desde la palestra, la creación de un Consejo de Resiliencia, que coordinará procedimientos y procesos interdisciplinarios de atención, "el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, como un mecanismo de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, así como de concertación y consulta con la sociedad; el saber qué hacer, cómo hacerlo y cuando hacerlo en casos  de desastres".


Marmolejo añadió que la legislación recién aprobada tiene carácter metropolitano, por lo que el referido consejo también se encargara de coordinar acciones en ese sentido.


"Con el objetivo de impulsar la integración y elaboración de instrumentos y proyectos innovadores para la construcción de resiliencia de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana partiendo de un enfoque territorial incluyente que promueva una participación interdisciplinaria y multisectorial, que contribuya al cumplimiento de la agenda 2030 de Sendai", explicó.


La legislación incluye la modificación del concepto de obligatoriedad y aprobación de los programas internos de Protección Civil, que serán aplicables únicamente a establecimientos de mediano y alto riesgo, esto proceso se llevará a cabo cada dos años y no anualmente como se establece actualmente. Con ello se reducen los trámites burocráticos y en consecuencia se pretende reducir la corrupción, añadió.


La Ley estipula también que escuelas y hospitales deben desarrollar programas especiales de capacitación constante, también se promueve que se incluyan temas de gestión integral de riegos y Protección Civil en los programas de estudio.


Par las obras de construcción, los estudios de riesgo deben considerar las posibles afectaciones a los vecinos, a servicios vitales y sistemas estratégicos. Así mismo, las alcaldías o la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, podrán realizar verificaciones a petición de los vecinos o ante la inminencia de catástrofes.


También se establece un mecanismo de blindaje de recursos para evitar que los fondos destinados a la recuperación se desvíen para otros fines; como ocurrió tras el sismo del 19-S.
 

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