Informe pormenorizado de Ebrard al Senado sobre acuerdo México - EU

Señor presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República:

Señor presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República:

 

Siguiendo las instrucciones del presidente de la República, me trasladé a la ciudad de Washington, D.C. el viernes 31 de mayo de 2019, para reunirme con funcionarios del gobierno estadounidense y evitar la imposición inminente de los aranceles a las importaciones de mercancías provenientes de México, anunciadas por el presidente Donald Trump el día anterior.

 

Ese mismo día, previo a mi partida, me comuniqué con Jared Kushner, asesor especial del presidente Trump y con Mike Pompeo, secretario de Estado, para anunciarles mí visita y programar reuniones al más alto nivel. Acordé con ellos una reunión el miércoles 5 de junio, en principio, con el secretario Pompeo.

 

Sábado y domingo los dediqué a sostener reuniones de trabajo con la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, y con personal de la Embajada para identificar las mejores líneas argumentativas y acciones que habría que desplegar la delegación mexicana para evitar la imposición de los aranceles. Entre otras cosas, exploramos todas las opciones legales a nuestro alcance para combatir la imposición arbitraria de aranceles a las exportaciones mexicanas, concluyendo que, a pesar de que estamos convencidos que nos asiste la razón, una batalla de esta naturaleza podría tomar hasta dos años, con un enorme impacto negativo a la economía mexicana.

 

El domingo por la noche acompañé al secretario de Agricultura a un encuentro con el presidente de la Cámara de la Industria Porcina, quien externó su apoyo a México ante la posibilidad de la imposición de aranceles. Poco más tarde, me reuní de manera informal con el encargado de la Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kevin McAleenan. Nos expuso algunas reflexiones sobre el punto de vista de la administración del presidente Donald Trump respecto del aumento en la migración en tránsito por México.

 

El lunes a primera hora sostuve una conferencia de prensa con la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el subsecretario para  América del Norte, Jesús Seade y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos en donde a nombre del Gobierno de México se refrendó el compromiso de diálogo y cooperación con las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el fenómeno migratorio en la región de manera conjunta. También, se expusieron los efectos negativos de las posibles medidas arancelarias.

 

El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, sostuvo un encuentro con su homólogo, Sonny Perdue. La conversación se basó en las afectaciones que tendría el sector agrícola de ambos países con la aplicación de las medidas arancelarias y hablamos sobre cómo paliar sus efectos. Asimismo, el secretario de Villalobos se reunió para el mismo fin con el presidente del Comité de Agricultura del Senado de Estados Unidos, Pat Roberts.

 

Por la tarde del lunes, tuve un encuentro con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien externó el apoyo del Banco al Programa de Desarrollo Integral elaborado por la CEPAL y compartió algunas ideas para el fortalecimiento de la infraestructura de la frontera sur de México. Lo anterior bajo la premisa de que México requiere de una frontera en el sur que sea tan avanzada como nuestra frontera con Estados Unidos, tanto para generar mayor intercambio comercial, como para organizar los flujos migratorios.

 

Concluí esa jornada con una participación en la cena anual del consejo del Instituto México del Woodrow Wilson Center, en la que también participó el jefe de Aduanas y Protección Fronteras de Estados Unidos.

 

El martes inicié actividades en un encuentro con medios de comunicación, en el cual anunciamos la agenda de encuentros del día para la delegación mexicana. Posteriormente, sostuvimos un encuentro con el CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donohue. El dirigente de la Cámara mostró su apoyo para México.

 

Cerca del mediodía, tuvimos una reunión la embajadora Bárcena, el coordinador de asesores Lázaro Cárdenas y su servidor con el presidente del Instituto de Política Migratoria, Andrew Selee y su investigador sénior, Doris Meissner. Conversamos sobre el fenómeno migratorio que se ha dado en los últimos meses entre América Central y México y sugirió algunas acciones a tomar. Adicionalmente, el subsecretario Seade tuvo un encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

 

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, y la embajadora Bárcena se reunieron con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. En dicho encuentro se presentaron los impactos económicos para ambos países y el secretario Ross hizo explícito el interés de su gobierno en el tema migratorio. Asimismo, el subsecretario Seade mantuvo un encuentro con académicos del prestigioso Instituto Brookings.

 

Cabe además señalar que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, sostuvo otros encuentros con organizaciones de comercio, así como con instituciones académicas en materia económica. Entre otras, se realizaron reuniones con el Atlantic Council y la National Association of Manufacturers.

 

Por la tarde, la delegación mexicana sostuvo un encuentro para discutir los avances en la aprobación del T-MEC con el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes, integrado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, el presidente del Comité de Medios y Procedimientos, Richard Neal, el presidente del subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos, Earl Blumenauer, y los representantes Henry Cuellar y Joaquín Castro. La presidenta Pelosi inició la reunión con comentarios positivos hacia México y la comunidad mexicoamericana. A su vez, refrendé el apoyo de la administración del presidente López Obrador a la aprobación del TMEC, el cual ya fue enviado al Senado.

 

En compañía de la secretaria Márquez y el subsecretario Seade presentamos un informe que contiene los avances y una hoja de ruta para la implementación de la reforma laboral en México. En dicho documento se informó de la aprobación de la reforma laboral, la emisión de la primera convocatoria para el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral y la celebración de reuniones entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los distintos sindicatos a efecto de modificar sus estatutos de manera que se ajusten a la legislación aprobada, así como la emisión de guías para realizar dichas modificaciones. El liderazgo demócrata compartió su preocupación sobre los recursos destinados y el tiempo que tomaría la aplicación de la legislación laboral.

 

Asimismo, los mismos integrantes de la delegación acudimos a un encuentro con el senador Chuck Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado, con quien también se abordó el tema del T-MEC.

 

Para cerrar el día, se sostuvo una reunión con el director ejecutivo del Comité Judío Americano, David Harris. Nos compartió las estrategias que su organización pone en práctica para conseguir resultados de política en Estados Unidos.

 

El miércoles inicié las actividades con una llamada al senador republicano Lindsay Graham en la que le externé mi preocupación por los efectos nocivos de los aranceles para ambas economías. El senador Graham me explicó sus puntos de vista en torno a la migración y el comercio y convenimos seguir las conversaciones en las siguientes semanas. A su vez, la embajadora Bárcena recibió una llamada del senador republicano Ron Johnson, presidente del Comité de Seguridad Interna, respecto de la posición de su bancada sobre la imposición de aranceles y los flujos migratorios.

 

Para el almuerzo, me reuní junto con la delegación mexicana con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El Lic. Salazar me comunicó el apoyo generalizado a nuestra posición de la comunidad empresarial en ambos lados de la frontera. Acordamos en seguir trabajando con el sector privado para evitar la imposición de aranceles.

 

Enseguida, tuve una llamada con el gobernador de California, Gavin Newson. Me expresó la amistad del estado hacia México y su preocupación por un conflicto comercial que afectaría la economía de su estado, la cual tiene como uno de sus primeros socios a la mexicana.

 

Al cierre del martes 4 de junio, se confirmó que la reunión de alto nivel se celebraría en la Casa Blanca y que la presidiría el vicepresidente Mike Pence, acompañado del secretario Pompeo, el encargado de despacho del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, y de Pat Cipollone, consejero jurídico del presidente Donald Trump.

 

Junto con la delegación mexicana, dediqué la mañana del miércoles 5 de junio a afinar los argumentos que se presentarían al vicepresidente Pence, que fueron, en resumen:

  1. Externar que el Gobierno de México ha ejecutado diversas  acciones para responder al flujo irregular de personas, pero entiende que hay más que ambos países podrían hacer para evitar el incremento en el número de migrantes que transitan por México de manera irregular.

 

  1. Señalar que las acciones del Gobierno de México han dado buenos resultados. Se ha logrado una mejor coordinación entre instituciones del Gobierno Federal y se han desplegado más elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) para ordenar el tránsito de migrantes.
  2.  
  3. Señalar que se están persiguiendo a las redes de traficantes de personas.

 

  1. Informar sobre el despliegue gradual de cerca de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur.
  2.  

 

  1. Compartir también otras acciones del Gobierno Federal como la modernización de los puntos fronterizos en la frontera sur; el reforzamiento de puntos de control y revisión en carreteras y líneas férreas para prevenir el tráfico ilícito de personas; intercambio de información con las autoridades estadounidenses; ampliar la capacidad de las estaciones migratorias en el sur del país; así como la colaboración con empresas de transporte privado para evitar que sus unidades sean utilizadas para el traslado irregular de personas.
  2.  

 

  1. Solicitar que el gobierno de Estados Unidos acelere la resolución de las solicitudes de asilo de ciertos nacionales centroamericanos que son devueltos a México.

 

  1. Por último, manifestar la confianza de México en que los resultados positivos de las acciones que se informaron, en conjunto con las actividades para detonar el desarrollo en Centroamérica, contribuirán a que el flujo irregular de migrantes disminuya dramáticamente..

 

 

 

  1. México también informó sobre el aumento sustancial en solicitudes de refugio en nuestro país.

 

La delegación mexicana estuvo integrada por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la embajadora Martha Bárcena, el consultor jurídico Adjunto, Alejandro Celorio, y el suscrito, acompañados por otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

El vicepresidente Pence agradeció la presencia de la delegación mexicana e inicio la conversación mostrándonos la gráfica de aprehensiones de migrantes, efectuadas en la frontera sur de Estados Unidos. Señaló que en mayo, el número de aprehensiones aumentó cerca de 40,000 personas para alcanzar las 144,000 aprehensiones en un mes, lo que representa un incremento del 32% respecto al número de aprehensiones efectuadas en abril de 2019. Número sin precedentes en los últimos años. Señaló también que de este número, alrededor de 100,000 personas eran menores no acompañados y familias. Señaló que la intención de Estados Unidos es que México suscriba un Acuerdo de Tercer País Seguro para que los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos sean devueltos a México, por haber transitado por nuestro país. El vicepresidente Pence se dijo convencido de que un acuerdo de este tipo, como el que existe entre la Unión Europa y Turquía, tendría un efecto inmediato de disminución del número de personas que llegan a Estados Unidos de manera irregular a solicitar asilo. Insistió además que ante el número tan elevado de aprehensiones en el mes de mayo, era necesario hacer más, como suscribir un acuerdo bilateral.

 

Por su parte, el secretario Pompeo señaló que es necesario reducir el número de migrantes que llegan a EUA. Ambos fueron enfáticos en señalar que el tema migratorio era del mayor interés del presidente Trump y que estaba decidido a implementar los aranceles como lo había programado si no se obtenían avances significativos para reducir el flujo irregular de personas hacia Estados Unidos.

 

En esas condiciones, presenté los argumentos señalados arriba, haciendo hincapié en la necesidad de darnos más tiempo para evaluar fehacientemente el resultado de nuestras acciones y el impacto en el flujo irregular. Por su parte, la Secretaria Márquez resaltó la importancia de las acciones de control migratorio desplegadas actualmente y las adicionales que se desplegarían en el corto plazo.

 

Mientras que la embajadora Bárcena señaló que la respuesta al fenómeno migratorio debe ser regional para que todos los países involucrados se hagan responsables. Se refirió a su experiencia como embajadora de México en Turquía para señalar que el acuerdo de Tercer País Seguro no podría garantizar que un modelo similar entre México y Estados Unidos tendría el mismo efecto. Planteó también la importancia de que los países de la región, incluyendo Estados Unidos le apostaran al desarrollo para evitar que las personas migren por necesidad, así como a un sistema regional de gestión migratoria.

 

La embajadora ofreció varios elementos sobre desarrollo que resultaron del interés de la delegación estadounidense y que fueron contemplados en el proceso de negociación entre ambas partes.

 

Asimismo, aportó importantes elementos sobre una alternativa regional para la gestión del asilo y del refugio.

 

La parte estadounidense recibió nuestra presentación y comentarios con escepticismo, señalando que si bien reconocen que las acciones mostraban el compromiso de México con el tema, era necesario algo más para disuadir al flujo irregular y para poder regresar a México a los migrantes que lleguen a su frontera. Plantearon la posibilidad de que México suscribiera un Acuerdo de Tercer País Seguro como el que existe en Turquía. Pidieron también que se ampliara la implementación inmediata de la sección 235(b)(2)(c) a toda la frontera, para enviar un mensaje disuasorio en los migrantes que pretenden llegar a EUA a solicitar asilo.

 

Por nuestra parte, reiteramos la visión de una política migratoria que privilegia el desarrollo y el ordenamiento del tránsito. Sobre la propuesta de Acuerdo de Tercer País Seguro, se manifestó que un mecanismo de ese tipo tendría que ser aprobado por el Senado de la República en México y que sería más positivo si se planteara como una iniciativa regional en el que participen todos los países involucrados en el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

 

La reunión concluyó con la invitación a continuar con las conversaciones durante los  siguientes días.

 

Posteriormente, me reuní junto con la embajadora Bárcena con el secretario Pompeo y con su equipo. Durante la conversación se identificaron tres “pilares” que podrían servir de eje para diseñar un entendimiento entre ambos países sobre las acciones que se tendrían que tomar de inmediato para responder al flujo migratorio que transita de manera irregular hacia Estados Unidos.

 

Los tres ejes eran:

1) Acciones de control migratorio en México, incluido el despliegue de la Guardia Nacional.

 

2) Expansión de la implementación de la sección 235(b)(2)(c).

 

3) Medidas para detonar el desarrollo en Centroamérica.

 

Al día siguiente, jueves 6 de junio, una delegación más amplia de funcionarios de ambos países nos reunimos en el Departamento de Estado. La delegación mexicana estuvo encabezada por el suscrito, acompañado por la embajadora Bárcena.

 

En esta reunión, la parte estadounidense presentó una propuesta de texto de Acuerdo de Tercer País Seguro para su firma inmediata.

 

México señaló que no estaba interesado en contemplar este mecanismo y que en su lugar, se tendría que avanzar en la discusión de otras acciones, como por ejemplo la necesidad de acelerar la resolución de solicitudes de asilo en Estados Unidos. La delegación mexicana fue enfática en señalar que la propuesta de acuerdo no se podía suscribir porque no se conocía su contenido previamente y era necesaria la autorización del Senado.

 

Los equipos técnicos de ambas partes permanecieron en el Departamento de Estado para redactar un proyecto de comunicado conjunto sobre acciones en materia migratoria, que pudiera servir para convencer al presidente Trump que no impusiera los aranceles.

 

Mientras las delegaciones avanzaban en sus discusiones técnicas, el suscrito regresó a la Embajada para continuar preparando argumentos que permitieran disuadir a la contraparte americana sobre el efecto negativo de imponer aranceles. La embajadora por su parte, acompañada por el consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con el consejero jurídico de la Casa Blanca, Pat Cipollone y otros funcionarios del gobierno estadounidense. En esa reunión se reiteraron posiciones, los estadounidenses insistieron con la suscripción de un Acuerdo de Tercer País Seguro y señalaron que la imposición de los aranceles seguía programada como lo había decidido el presidente Trump.

 

El viernes 7 de junio, una delegación más reducida de funcionarios nos acompañó a la embajadora Bárcena y al suscrito, a reuniones en el Departamento de Estado que iniciaron a las 9 de la mañana. La posición estadounidense seguía siendo la de suscribir un Acuerdo de Tercer País Seguro en adición a la expansión de la devolución de solicitantes de asilo a toda la frontera.

 

La delegación estadounidense estuvo integrada por el abogado Cipollone, la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kim Breier, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Creamer, y el embajador Michael McKinley, asesor especial del Secretario Pompeo, así como el consultor jurídico adjunto del Departamento de Estado.

 

Las negociones tomaron varias horas por la mañana, para finalmente integrar un borrador de declaración conjunta en el que se reflejaran los tres pilares propuestos por México más una mención a las acciones que se podrían tomar en el futuro en caso de que las medidas propuestas no tuvieran los resultados esperados.

 

Por la tarde, los abogados de ambas delegaciones llegaron a un acuerdo en torno a los plazos necesarios para demostrar que las propuestas planteadas (despliegue de la guardia nacional, expansión  de la devolución de solicitantes de asilo y el apoyo a la estrategia de desarrollo en Centroamérica), tendrían efectos en la reducción en el número de migrantes irregulares. Del mismo modo, estuvieron conformes con empezar discusiones para establecer términos para un posible acuerdo bilateral que permita responder al reparto de la carga y a la asignación de responsabilidades para el procesamiento de solicitudes de refugio de migrantes.

 

Coincidieron en que como mínimo, ese acuerdo tendría que incluir, conforme a las legislaciones domésticas de cada país y sus obligaciones internacionales, un compromiso bajo el cual cada parte aceptaría el retorno, y procesamiento de solicitudes de asilo, de nacionales de terceros países que hayan cruzado por el territorio de una de las partes para llegar al territorio de la otra parte para solicitar refugio. Los abogados estuvieron conformes en que un acuerdo de ese tipo sea parte de un acercamiento regional al reparto de la carga con relación al procesamiento de solicitudes de refugio de migrantes.

 

El abogado de la delegación mexicana manifestó su compromiso con iniciar la revisión de la legislación doméstica y sus reglamentos para identificar los cambios que serían necesarios para que dicho acuerdo pueda entrar en vigor y se implemente.

 

Por último, los abogados establecieron que si los Estados Unidos determinan, a su discreción y después de consultarlo con México, que después de 45 días de la fecha en que se publicara la Declaración conjunta, que las medidas adoptadas por el Gobierno de México, no alcancen resultados suficientes, el Gobierno de México tomaría los pasos necesarios bajo su legislación nacional para que dicho acuerdo pueda ser vigente con la visión de asegurar que pudiera entrar en vigor al termino de los 45 días siguientes. Por ello la declaración conjunta señala los 90 días.

 

 

Esto significa que en lugar de aceptar un Acuerdo de Tercer País Seguro como el propuesto por Estados Unidos, o el inicio de una guerra comercial, logramos un periodo de 45 días: para demostrar la eficacia de las medidas que se adoptarán y prepararnos lo mejor posible para la negociación que podría darse en 45 días, si las medidas adoptadas no tienen los resultados esperados.

 

A pesar de las fuertes presiones, el consultor jurídico adjunto procuró que en el párrafo de sobre los pasos que serían necesario seguir, se incluyera lenguaje para reflejar la intervención del Senado y la imposibilidad de imponerle plazos para aprobar un acuerdo.

 

El abogado Cipollone llevó la propuesta al presidente Trump, sin asegurar que éste la aceptaría.

 

Cerca de una hora después, el secretario Pompeo me llamó por teléfono para comunicarme con el presidente Trump, quien me dijo que el tema migratorio era el más importante para él. Externó también preocupación por el tráfico de drogas. Por mi parte, le señalé que la participación del secretario Pompeo había sido determinante en la negociación.

 

Concluida la negociación, me dirigí a los medios de comunicación que me aguardaban afuera del Departamento de Estado para leerles el contenido en español de la declaración conjunta. Después la embajadora Bárcena lo hizo en inglés.

 

En conclusión, las actividades realizadas en Washington, DC por el suscrito y la delegación que tuvo a bien designar el presidente de la República, tuvieron resultados positivos. El principal, lograr que no se impusieran aranceles en contra de las importaciones mexicanas. También se presentó la visión del Gobierno de México sobre la atención que se le deba de dar al flujo migratorio.

 

Aprovecho, finalmente, este informe para hacerle un extensivo reconocimiento a mis compañeros de gabinete, a la embajadora Bárcena y al coordinador de asesores de la Presidencia de la República, todos designados por el señor presidente para integrar esta delegación, por su arduo trabajo por México.

 

Atentamente,

 

Marcelo Ebrard.

 

Ver el documento completo http://mxpolitico.com/sites/default/files/informe.pdf

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